Viernes, 26 de junio 2026.
Chile
Chile continúa enfrentando una serie de acontecimientos que reflejan las complejas dinámicas políticas, sociales e institucionales que configuran el país en la actualidad. Los titulares de esta semana han estado dominados por debates en torno a la rendición de cuentas del gobierno, la seguridad pública, la supervisión migratoria y la justicia histórica, temas que continúan influyendo tanto en la conversación nacional como en el entorno operativo general para empresas e inversionistas.
Entre los acontecimientos más relevantes se encuentran el inicio de una acusación constitucional contra un exministro de Estado, las discusiones en curso sobre reformas a las leyes de responsabilidad penal juvenil y las investigaciones sobre el paradero de niños migrantes cuyos casos han generado preocupación respecto a la supervisión dentro del sistema migratorio. Estos acontecimientos se producen junto con fallos judiciales relacionados con crímenes cometidos durante la dictadura militar y un renovado debate político sobre el uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones oficiales del gobierno.
Al mismo tiempo, los chilenos siguen de cerca el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que representa un punto positivo de interés nacional en medio de una agenda pública activa y, en ocasiones, marcada por la confrontación.
En esta edición, analizamos los principales acontecimientos que están dando forma al panorama actual de Chile y exploramos sus posibles implicaciones para la gobernanza, las políticas públicas, la estabilidad institucional y el entorno empresarial en general.
Brett Mikkelson
Fundador, B.M. Investigations, Inc. – Investigaciones Privadas en Panamá
Asistencia de Expertos de Chile y México Tras Terremoto en Venezuela, Claves para los Rescates
Venezuela sufrió anoche uno de los terremotos más devastadores de su historia. Miles de personas quedaron atrapadas bajo edificios. La asistencia de rescatistas de México y Chile será clave.
Aunque Chile no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde el 2024, el presidente de Chile, José Antonio Kast, ya confirmó que enviará ayuda humanitaria y equipos con rescatistas expertos en contextos de alta complejidad.
Los devastadores terremotos, dos sismos consecutivos, dejan más de 200 fallecidos, aunque la cifra podría dispararse a miles según estimaciones del Servicio Geológicos de Estados Unidos debido a la magnitud del efecto sobre los edificios.
Los potentes sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, derrumbaron decenas de edificios, causaron cortes eléctricos y pánico en la población, tanto en la región La Guaira, la más afectada, como en la capital Caracas.
“Acabo de conversar por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano”, dijo Kast en una publicación en X.
“Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto”, agregó.
Cerca de 700.000 venezolanos viven en Chile, la mayor comunidad de migrantes en el país.
México, listo
Por su parte, el Gobierno mexicano confirmó el envío de un equipo militar de rescatistas y personal médico de México a Venezuela, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los rescatistas mexicanos son reconocidos en el mundo como especialistas en estructuras colapsadas. La mandataria dijo que tras una primera evaluación se determinará el envío de “personal adicional que se requiera para poder ayudar”.
“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela”, expresó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, en la indicó que buscaría comunicarse con la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Sheinbaum detalló que por el momento las autoridades venezolanas pidieron a México apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad.
Integrantes de la Protección Civil participan hoy, en las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela).
Los militares mexicanos tienen cinco décadas implementando un plan de rescate a la población civil en caso de desastres. México prestó apoyo a Estados Unidos cuando en 2107 fue golpeado por el huracán Katia.
Ciudad de México ha sido sacudida por poderosos sismos a lo largo de su historia y tras el de 1985 surgieron los grupos civiles conocidos como Los Topos. La organización Topos México informó a la AFP que evalúa las posibilidades para trasladarse a Venezuela.
PDI de Chile Encuentra a 52 de 64 Niños Haitianos que se Señalaban como Inubicables: estaban con sus Familias y Escolarizados
El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, ha informado este lunes que han sido ubicados 52 de los 64 menores haitianos que, según un preinforme de la Contraloría, ingresaron a Chile desde Haití en vuelos chárter en 2025 -a través del proceso de reunificación familiar- pero que sus funcionarios no habían hallado durante sus recorridos en terreno por distintos municipios. “Están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud, y están con los padres, madres o hermanos. Están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan”, señaló Cerna.
Fue hace una semana que radio Biobío publicó el preinforme de la Contraloría, donde dio cuenta que no había rastro de los niños, niñas y adolescentes. El caso dio origen a una denuncia penal del director del Servicio Nacional de Migraciones del Gobierno de José Antonio Kast, Frank Sauerbaum, por eventual delito de tráfico de menores. El funcionario dijo, al comienzo, que había más de 200 casos en esa situación. Coincidió el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, quien señaló que los menores afectados serían “más de 200″ y solo el periodo entre enero y abril del año pasado.
Pero, el pasado viernes, pese a la denuncia penal de Sauerman, el propio ministro de Defensa de Kast, Fernando Barros, dijo, tajante, que “no hay ningún antecedente de que estos niños están desaparecidos o perdidos”.
El documento de la Contraloría tomó una muestra al azar de niños que ingresaron a Chile a cargo de 12 adultos, con quienes no tenían lazos sanguíneos. Viajaron en vuelos chárter privados en el marco del proceso de reunificación familiar, lo que implica que debieron ser recibidos por sus padres, parientes o personas con autorización legal y cumpliendo ciertos requisitos. Según el organismo fiscalizador, de ellos había 64 menores que sus funcionarios no hallaron en sus domicilios el día que fueron a constatar, pero la ya PDI encontró a la mayoría. También lo han hecho, a partir del pasado viernes, varios alcaldes.
Ante la conmoción pública, tras la apertura de una investigación por iniciativa propia de la Fiscalía por supuesta trata de personas, Kast convocó a una cita a La Moneda a autoridades de los tres poderes del Estado, y empujó una búsqueda de los menores en una coordinación entre distintas organizaciones del Estado, que encargó a su ministra de Desarrollo Social y Familia, la republicana María Jesús Wulf.
Este domingo, Wulf señaló que “el Estado debe responder de forma articulada, centrada en su protección y en el esclarecimiento de lo ocurrido en estos años. A eso estamos dedicados”.
Luego de que los menores estén siendo ubicados, este lunes el biministro de Kast, Claudio Alvarado, titular de Interior y portavoz, fue consultado si la Administración reaccionó de manera exagerada tras el documento de la Contraloría. “Cuando se trata de menores, de niños, nunca hay sobrerreacciones. Tenemos todos la obligación de preocuparnos por su bienestar y, en este caso, saber dónde están, con quién, y en caso de ser necesario, ayudarlos y protegerlos”, respondió.
Según Alvarado, el Gobierno“simplemente” tomó conocimiento, a través de un informe de Contraloría, de un problema serio y delicado.
Chile: Avanza en el Congreso el Plan de Reconstrucción del Gobierno de Kast
La también llamada “Ley Miscelánea” agrupa más de 40 medidas tendientes a reedificar viviendas afectadas por incendios, reactivar la economía, generar empleo y acelerar la famosa “permisología” ambiental.
Con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención –de Pedro Araya (PPD)-, este miércoles el Senado chileno aprobó en general el segundo trámite legislativo del Plan de Reconstrucción Nacional con que el gobierno de José Antonio Kast espera anotar su primera gran victoria legislativa.
Cabe recordar que la también llamada “Ley Miscelánea” agrupa más de 40 medidas tendientes a reedificar 4.000 viviendas afectadas por incendios y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales.
Empero, la iniciativa es resistida por la oposición, desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.
Así, la propuesta volverá ahora a la Comisión de Hacienda para continuar su discusión en particular, y después será revisado por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, instancias en que los senadores podrán presentar indicaciones y proponer modificaciones antes de que el texto regrese a la Sala.
El objetivo del Gobierno es mantener la suma urgencia para despachar la iniciativa durante el mes de julio. Sin embargo, el Ejecutivo está obligado a negociar posibles cambios propuestos por la oposición para asegurar su aprobación definitiva, puesto que ahora cada norma discutida deberá reunir los respaldos necesarios para ser aprobada.
Presidente Kast: “Todo el mundo mira lo que hace Chile”
Por la tarde, en medio de su visita a la comuna de Lautaro, en la región de La Araucanía, el presidente José Antonio Kast celebró la noticia, pero recordó que aún queda camino por recorrer.
“La ley, como ustedes saben, no está aprobada. Ya se aprobó por parte de la Cámara de Diputados, pasó al Senado, se hizo una discusión en la Comisión de Hacienda y pasó a la Sala para que se apruebe la idea de legislar”, recordó el mandatario, según consignó BioBíoChile.
De acuerdo al mandatario, “ahora vendrá el debate artículo por artículo. Y ahí vendrán las propuestas y los planteamientos que harán los parlamentarios, que es razonable, y nosotros iremos viendo en qué línea podemos seguir avanzando para garantizar el desarrollo y el progreso de Chile”.
De paso, Kast recalcó la importancia de aprobar el Plan de Reconstrucción propuesto por su gobierno, puesto que, según aseguró, “desde todo el mundo están mirando lo que hace Chile. Porque Chile ha sido faro a nivel mundial y volverá a ser líder a nivel latinoamericano y a nivel mundial si hacemos las cosas bien”.
Al cierre, el mandatario le dio las gracias“a cada uno de los ministros y subsecretarios que trabajaron incansablemente para que esto fuera realidad, y agradecerle profundamente a los senadores que permitieron que esto hoy día empiece a discutirse artículo por artículo”, remató.
Ohla Suma su Undécimo Contrato en el Metro de Santiago de Chile y Alcanza los 550 Millones de Euros en Proyectos sobre la Red
Ohla refuerza su compromiso con el desarrollo de la movilidad sostenible en Santiago de Chile con la adjudicación de un nuevo contrato para el desarrollo del Metro de la capital de la República de Chile. Con esta nueva adjudicación, valorada en más de 70 millones de euros, la compañía eleva a once el número total de proyectos desarrollados en la red metropolitana santiaguina. En conjunto, incluyendo este último contrato, el Grupo ha ejecutado actuaciones por un importe superior a 554 millones de euros, que han permitido la construcción de 19 kilómetros de túneles y 18 estaciones, entre ellas las seis correspondientes al nuevo proyecto.
El referido contrato, con un presupuesto superior a 70 millones de euros, tiene por objeto la ejecución de las citadas seis nuevas estaciones correspondientes a los Grupos 5 y 6 de la Línea 7, una de las actuaciones más relevantes actualmente en desarrollo en la red de Metro de Santiago.
La participación de Ohla en el Metro de Santiago se ha materializado a lo largo de las distintas fases de expansión de la red, mediante la ejecución de contratos que comprenden la construcción de túneles, estaciones, galerías y recintos técnicos asociados. Entre las actuaciones más significativas, cabe destacar las obras civiles correspondientes a la Línea 4, incluyendo la estación Plaza Egaña y los túneles interestación; así como la ampliación de la Línea 2, en la que la compañía ejecutó la estación Dorsal y su correspondiente tramo de túneles.
Asimismo, el Grupo ha desarrollado actuaciones en la denominada Línea Maipú, que incluyen la ejecución de estaciones como Gruta Lourdes, Blanqueado y Lo Prado, junto con sus respectivas interconexiones subterráneas y obras auxiliares. De igual modo, su intervención en la Línea 3 ha comprendido la ejecución de piques y galerías en diversos tramos, así como trabajos asociados a su extensión.
En el ámbito de la Línea 6, Ohla ha llevado a cabo las obras civiles correspondientes a talleres y cocheras, infraestructuras críticas para garantizar la operación, el mantenimiento y la explotación del sistema ferroviario metropolitano. Más recientemente, la compañía ha participado en el desarrollo de la Línea 7 mediante la ejecución de trabajos de construcción de piques, galerías y túneles en tramos estratégicos.
Ohla está presente en Chile desde 1984, habiendo participado desde entonces en algunos de los proyectos de infraestructuras más relevantes del país. En la actualidad, además de los citados trabajos en el Metro de Santiago, la compañía ejecuta, entre otros proyectos, la construcción del Túnel Lo Ruiz, una de las actuaciones viarias más significativas actualmente en desarrollo en la capital chilena.
Las Acusaciones Constitucionales
Las acusaciones constitucionales son el último recurso que tiene el Congreso chileno para exigir responsabilidades políticas y constitucionales a ciertas autoridades del Estado. En la tradición chilena, este mecanismo nunca ha sido concebido para corregir errores de gestión ni diferencias programáticas. Para eso existen otros instrumentos: las interpelaciones, las comisiones investigadoras, la fiscalización parlamentaria y la responsabilidad administrativa.
De un tiempo a esta parte, sin embargo, los diputados han recurrido con demasiada frecuencia a esta herramienta, lo que no solo ha tensionado la relación entre el Legislativo y los otros poderes del Estado, sino que le ha restado valor e importancia. Usarla como mecanismo de venganza no es una buena idea. A nadie le conviene: ni al que está siendo acusado ni a los que, por haberlo acusado, pasarán a estar en la lista negra del bando contrario.
Ocurrió con los procesos contra Yasna Provoste y Harald Beyer, dos exministros de Educación llevados ante el Congreso más por razones políticas y coyunturales que constitucionales y de fondo. Estuvo cerca de pasar también con el expresidente Piñera, a quien la izquierda intentó destituir por esta vía como una forma de derrocarlo. En ese caso, el PC, el FA y parte del socialismo democrático recurrieron a este mecanismo luego de no haber podido sacar a Piñera por la “vía de los hechos” (basta recordar la declaración de la izquierda del 12 de noviembre de 2019).
Y ahora es el turno del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Tengo muchas y públicas diferencias con el manejo económico del Gobierno de Gabriel Boric, el cual sobrestimó ingresos, gastó muy por encima de sus posibilidades y le heredó una economía deteriorada a la actual administración. Pero de ahí a someterlo a este proceso me parece un despropósito, y ello por varias razones.
Primero, porque desdibuja el verdadero sentido del mecanismo: quedar reservado para situaciones excepcionales en que una autoridad haya incurrido en una infracción particularmente grave de sus deberes constitucionales. Segundo, porque polariza aún más a un Congreso ya suficientemente crispado. Tercero, porque desplaza materias bastante más urgentes. Y cuarto, porque los diputados tienden a mirar el corto plazo antes que el mediano y el largo, con la consiguiente erosión de la confianza ciudadana.
La Comisión Experta del segundo proceso constituyente advirtió este problema y, entre otras cosas, propuso exigir una etapa previa de fiscalización antes de activar este recurso contra un ministro. La lógica era simple: si existe un mecanismo menos drástico para esclarecer los hechos, ese debe usarse primero. De haberse aprobado esta y otras medidas, probablemente no estaríamos frente al caso Grau, el que, a decir verdad, carece de mayor sustento constitucional. Es, además, altamente probable que se caiga en el Senado y que, como tantas otras veces, se hayan gastado tiempo y recursos de manera innecesaria.
En estos días, algunos defensores de esta iniciativa han emprendido verdaderas cacerías de brujas contra los diputados de centroderecha que decidieron no respaldarla, tildándolos de cobardes y desleales. Cabe preguntarse: ¿no es precisamente valiente quien, con argumentos racionales y convincentes, se aparta del mandato de la tribu, sobre todo en un caso tan delicado como este?
Más todavía: considerando que entre 2016 y 2025 se ingresaron cerca de treinta de estos procesos y que solo cuatro prosperaron, ¿no será hora de que nuestros legisladores comprendan de una vez que este es un mecanismo excepcionalísimo, y que tratarlo como moneda corriente no solo lo vacía de sentido, sino que termina por debilitar al propio Congreso?
