Viernes, 10 de abril 2026.
Perú
Como hemos reportado recientemente, Perú se dirige a elecciones el 12 de abril, con una segunda vuelta casi segura en junio. Es un país al que vale la pena prestar atención en este momento, no tanto por quién probablemente gane, sino por el entorno en el que se desarrollan. El escenario está altamente fragmentado, sin un claro favorito y sin indicios de que quien resulte electo contará con un respaldo político sólido.
Esto es relevante porque en Perú el problema no es solo la elección, sino la gobernabilidad. El país ya ha atravesado múltiples cambios de liderazgo en los últimos años, y un resultado dividido aumenta la probabilidad de tensiones continuas entre la presidencia y el Congreso. En un contexto así, las decisiones se ralentizan, las políticas cambian y la ejecución se vuelve menos predecible.
Para las empresas que operan en Perú o están evaluando entrar, la exposición no está ligada al resultado en sí, sino al nivel de incertidumbre que lo rodea. Perú sigue siendo un mercado clave en sectores como minería, energía e infraestructura, pero la brecha entre lo que existe en el papel y cómo funcionan las cosas en la práctica tiende a ampliarse en períodos como este.
Esto es lo que vale la pena observar de cara a las elecciones de este fin de semana.
Brett Mikkelson
Fundador, B.M. Investigations, Inc. – Investigaciones Privadas en Panamá
TOP NEWS and TIDBITS:
Alberto Vergara: “En las Elecciones Peruanas Coinciden los Problemas Más Graves con la Peor Oferta en Décadas”
La primera vuelta de las elecciones peruanas está al doblar la esquina. Los ciudadanos decidirán a su próximo presidente —además de los representantes del Congreso y el Parlamento Andino— en medio de un laberinto de 35 opciones y una cédula de votación más grande que un cartón de pizza familiar. El politólogo Alberto Vergara (Lima, 1974), profesor de la Universidad del Pacífico, quien vive entre Montevideo y Lima, da sus impresiones sobre una contienda que, desde su mirada, no significará “un punto de quiebre sino un alto más en la trayectoria del ciclo de inestabilidad en el que Perú está inserto desde hace mucho”.
Pregunta. Toda elección es la promesa de un país mejor. ¿Con qué mezcla de sentimientos votarán los peruanos este domingo?
Respuesta. Lo que marca a estas elecciones es la brecha entre los problemas más graves en décadas con la peor oferta también en décadas. Son unas elecciones que, lamentablemente, traen muy poquitas oportunidades de alterar la trayectoria de inestabilidad política y decadencia institucional que prevalece en Perú. Por eso mismo, no hay candidatos que produzcan entusiasmo, tampoco plataformas programáticamente sólidas. El ánimo oscila entre la apatía y la resignación.
P. ¿Se romperá el ciclo de inestabilidad crónica que ha llevado a Perú a tener ocho presidentes en una década?
R. Me resulta difícil que eso ocurra. Porque los vicios que produjeron esa inestabilidad están en los partidos y candidatos con más opciones. Y, al mismo tiempo, la mayoría de las nuevas organizaciones recogen las mismas lógicas cortoplacistas y rapaces que nos trajeron hasta aquí. La política peruana cabalga sin jockey, no quedan actores de peso, las instituciones a duras penas restringen a los políticos y la legitimidad del sistema está por el suelo. Estas elecciones reproducen todo eso. Esperar un resultado distinto es ingenuo. Voy a recuperar una expresión que usé hace años en otro contexto. Se trata de un sistema de alternancia sin alternativa.
P. ¿Cómo se explica que un ciudadano deba elegir entre 35 opciones para presidente?
R. Las organizaciones políticas en el Congreso trabajaron deliberadamente para profundizar las taras del sistema político peruano, como facilitar la creación de “partidos” o cancelar cualquier mecanismo que prevenga la fragmentación (como primarias). Sabíamos que si no se cambiaban las reglas de la representación, la dispersión y mediocridad se agravaría, y es lo que ocurrió. En el año 2021 tuvimos 17 candidaturas y en estos cinco años se optó por mantener las reglas de juego que creaban la dispersión y la consecuente inestabilidad. Hay que ver la vergüenza que han sido los debates presidenciales, una mezcla de amateurismo, estupidez, desorganización. 35 candidatos precarios es la continuación muy lógica de ocho presidentes precarios en 10 años.
P. Si bien la incertidumbre rodea el proceso, nuevamente Keiko Fujimori se perfila como la favorita. ¿Por qué en las últimas cuatro elecciones al final todo pareciera reducirse a quién la acompaña en segunda vuelta?
R. Ese es otro gran incentivo a la dispersión. Como se sabe que Keiko Fujimori es suficientemente fuerte para pasar a segunda vuelta, pero también ampliamente detestada para perderla, todos los candidatos rezan para llegar a esa instancia contra ella, lo cual alimenta la fragmentación. Y probablemente ese resultado se repetirá por cuarta vez.
P. Todo indica que el aspirante con más posibilidades es el cómico Carlos Álvarez, quien en los años noventa animaba los mítines de Alberto Fujimori.
R. En realidad, hay un pelotón de cuatro o cinco candidatos con opciones para llegar a segunda vuelta. Nadie me parece netamente favorito. Las elecciones peruanas nunca defraudan en materia de aluviones de última hora. Pero es cierto, el cómico Carlos Álvarez creció en el momento preciso, entre las participaciones tan mediocres de los debates.
P. En el sur se percibe un voto de revancha de parte de quienes fueron tildados de ignorantes por ser partidarios de Pedro Castillo y consideran que, más allá del golpe de Estado, nunca se le dejó gobernar.
R. Sí, el sur tiene una relación de tensión histórica con el poder central y con Lima en particular. A esa condición histórica se suma que la derecha peruana quiso descarrilar las elecciones que Castillo había ganado legítimamente con el voto del sur y, sobre eso, la masacre de decenas de ciudadanos y ciudadanas en el sur durante el gobierno de Dina Boluarte. Es natural que exista ese ánimo de revancha.
P. ¿Se han agudizado las condiciones para que el Parlamento continúe gobernando el país?
R. En estos cinco años el diseño constitucional se inclinó a favor del Congreso. Y no va a ser fácil disolverlo. Para empezar, se ha creado nuevamente un Senado que no puede ser disuelto. Pero el problema, de todas formas, está más en las prácticas e incentivos ya asumidos por quienes llegan a la política que en las reglas formales del sistema.
P. Como ha dicho hace poco, se necesita conocer profundamente el perfil de los vicepresidentes. Al fin y al cabo son ellos los que terminan presidiendo el Perú.
R. Claro, este es un país donde conocer a los candidatos a la vicepresidencia es tanto o más importante que el candidato a la Presidencia. Como el sistema se funda en organizaciones políticas creadas para venderle la candidatura presidencial a un independiente y para subastar los puestos en las listas congresales, los vicepresidentes no tienen ninguna lealtad, ni siquiera conocen al candidato a la presidencia o a los congresistas. La política peruana es un bazar persa poblado de enanos rezando por la lotería presidencial.
Ocho Presidentes Después: Por Qué la Economía Peruana Resiste al Caos Político
En medio del caos político en el Perú, una reunión envió una señal de calma a parte de la población y a los mercados. Apenas dos horas después de asumir la presidencia, José María Balcázar, del partido de izquierda Perú Libre, se reunió con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), figura a la que se atribuye buena parte de la estabilidad económica del país pese a una década marcada por la inestabilidad política y ocho presidentes. El encuentro, de apenas media hora, terminó con fotografías de ambos estrechando manos y sonriendo. Desde el Ejecutivo señalaron que se realizó “en el marco del compromiso del Gobierno de preservar la estabilidad y las reglas macroeconómicas”.
Lo que sorprende a los peruanos —y, sobre todo, a los observadores extranjeros— es que, pese a la sucesión de presidentes vacados, renuncias, exmandatarios presos o investigados por corrupción e incluso uno que se quitó la vida, la economía no solo se mantiene en pie, sino que crece.
En 2025 registró una expansión del 3,4%, según el Ministerio de Economía y Finanzas. El dólar, aunque fluctúa, no ha experimentado saltos abruptos. “La estabilidad y la disciplina macroeconómica son condiciones indispensables para atraer inversión y sostenerla en el tiempo”, indicaba la ministra Denisse Miralles —quien, tras el cambio de gobierno, aún no sabe si continuará en el cargo—.
Existen dos pilares fundamentales que sostienen la macroeconomía en un país que cambia presidentes sin sobresaltos institucionales y cuenta con un Congreso que legisla con frecuencia por intereses particulares: la estabilidad fiscal, a través del control del gasto público, y la estabilidad monetaria, gracias a la continuidad, independencia y autonomía que la Constitución otorga al BCR. A ello se suma un contexto internacional favorable, con precios de exportación en niveles récord —como el cobre—, lo que fortalece la recaudación estatal.
Julio Velarde lleva casi 20 años al frente del BCR y ha sido ratificado por todos los presidentes que pasaron en ese periodo. “Con eso, la estabilidad monetaria está asegurada”, explica Carlos Casas, exviceministro de Economía y profesor de la Universidad del Pacífico. “Hay un banquero central y un equipo muy reputado, y eso da tranquilidad de tener una inflación baja y controlada”.
El país también cuenta con altas reservas internacionales —impulsadas en parte por las exportaciones récord del año pasado—, lo que explica la relativa fortaleza del sol frente al dólar. “Las reservas tienen un rol importante en defender la moneda y el sistema financiero. Si cualquier especulador internacional quisiera apostar contra la moneda, el Banco Central puede intervenir de inmediato”, añade Casas. El Perú es, además, una economía bimonetaria: los ciudadanos pueden tener cuentas de ahorro en soles o en dólares, y muchos comercios aceptan ambas monedas. En la práctica, se trata de una dolarización parcial que otorga flexibilidad. Esa estabilidad cambiaria facilita que los empresarios planifiquen e inviertan con mayor previsibilidad.
Por otro lado, la estabilidad fiscal ha sido clave para sostener el equilibrio macroeconómico. La adopción de reglas fiscales en los años 2000 —tras la hiperinflación de finales de los ochenta— fue determinante para institucionalizar la prudencia en el manejo de las cuentas públicas. “Instituciones que marquen hacia dónde debe orientarse la política fiscal, como la regla de que el déficit no debería superar el 1%, establecen una línea de convergencia y funcionan como referencia”, explica Daniel Barco, economista y consultor internacional. El objetivo es evitar que el Estado acumule deuda de manera sostenida y que el servicio de esa deuda se convierta en un factor de riesgo.
Sin embargo, ese equilibrio comienza a mostrar señales de fragilidad. A fines del año pasado, el Consejo Fiscal advirtió que en los últimos cinco años se ha incrementado el número de leyes con impacto fiscal adverso aprobadas por insistencia desde el Congreso. Se trata de normas que incrementan el gasto público sin financiamiento identificado o reducen ingresos fiscales. El actual Parlamento aprobó 229 leyes de este tipo, más de tres veces el promedio de periodos anteriores.
Un crecimiento por debajo de su potencial
La economía peruana ha demostrado resiliencia, pero la inestabilidad política tiene un costo. Barco sostiene que, si se comparan las condiciones actuales —marcadas por altos precios del cobre y del oro y mejores expectativas externas— con las de años pasados, el país debería crecer por encima del 5% y no alrededor del 3% anual. “Estamos ante una situación excepcional por los altos precios de los metales. Hay buenas expectativas de inversión, pero no se traducen del todo en proyectos concretos, justamente por la cautela que genera la crisis política”, afirma.
Según proyecciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2026 el crecimiento rondará el 2,7%, afectado por la incertidumbre asociada al proceso electoral de abril.
Los expertos también cuestionan que el crecimiento no se traduzca en mejoras concretas para la población, debido a la corrupción y la ineficiencia del Estado. Los recursos ingresan a través de los impuestos y deberían destinarse a escuelas, carreteras o centros de salud, pero se diluyen en el camino. “El 30% del presupuesto se pierde entre corrupción e ineficiencias. Se podría hacer mucho más con los mismos recursos, aprovechar el boom minero y avanzar en la formalización”, sostiene Casas.
La informalidad y las economías ilegales constituyen otro componente del dinamismo económico, aunque operen en gran medida al margen del Estado. Según una encuesta de la consultora EY, alrededor del 18% del PBI peruano se desarrolla en la informalidad. En el caso de las actividades ilegales, estas también generan empleo, ingresos y consumo, pero lo hacen sin garantías ni protección y, por lo general, con un fuerte impacto negativo en la sociedad y el medioambiente. En 2025, el IPE estimó que, por primera vez, el Perú enfrenta un escenario en el que las exportaciones de oro provenientes de la minería ilegal podrían igualar a las legales: entre 105 y 115 toneladas, con un valor cercano a los 12.000 millones de dólares.
El REINFO ha Generado un Clima de Violencia e Inseguridad en Diversas Zonas del Perú. Un Caso Emblemático es la Provincia de Pataz, en la Región de La Libertad
Nunca fue tan fácil hacer minería de pequeña escala o de manera artesanal en el Perú como con el “todopoderoso” Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). El adjetivo empleado nos ayuda a entender el efecto práctico de esta medida creada el 30 de diciembre del 2016 mediante el Decreto Legislativo N.° 1293, con un antecedente que data de años atrás.
El REINFO es un padrón con información de mineros en proceso de formalización, administrado por la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Fue creado con la finalidad de que personas dedicadas a la pequeña minería y minería artesanal puedan continuar realizando su actividad (solo aplica a explotación y beneficio) de manera temporal y excepcional mientras obtienen los permisos correspondientes, hasta un plazo determinado.
La normativa general requería una serie de permisos y derechos para desarrollar actividad minera: la concesión (en función de la actividad minera que se realice), el derecho para usar el predio, sea público o privado, la certificación ambiental y las autorizaciones sectoriales, de ser el caso.
Sin embargo, obtener estos permisos suele tomar tiempo e incluso ser complicado en algunas ocasiones (v. g., llegar a un acuerdo con el propietario del predio depende de una voluntad ajena al titular de la actividad minera). Por esa razón se creó este registro, como un medio para facilitar que los pequeños mineros y mineros artesanales continúen ejecutando sus actividades mientras se formalizan.
En una primera oportunidad, el plazo para que puedan culminar el proceso de formalización fue hasta el año 2020. Sin embargo, para sorpresa de nadie, este plazo ha sido ampliado por quinta vez hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero. Es posible que este régimen haya sido creado con las mejores intenciones: que el Estado gane el control regulatorio sobre la actividad minera en pequeña escala, se paguen los tributos correspondientes, se proteja el medioambiente, la salud de las personas y, en general, se actúe dentro del marco de la legalidad; sin embargo, lo que nació como una medida excepcional y temporal hoy se ha convertido en una regla cuestionable: los pequeños mineros y mineros artesanales, si se encuentran inscritos en el REINFO, tienen derecho a realizar las actividades de explotación minera y beneficio sin los permisos requeridos por la normativa general.
La inscripción en este registro no solo permite realizar actividades mineras libremente bajo el compromiso -cada vez más prolongado- de obtener los permisos correspondientes, sino que también sirve como un blindaje frente al delito de minería ilegal, en virtud del Decreto Legislativo N.° 1351. Este establece que están exentos de responsabilidad penal por la comisión del delito de minería ilegal: “El agente de los delitos de minería ilegal que se inserte al Registro Integral de Formalización Minera (…)”. Años más tarde podemos ver el resultado de la implementación de esta medida en una coyuntura internacional representada por el explosivo incremento en el precio del oro y otros minerales. Especial mención merece el metal dorado, cuya onza pasó de aproximadamente US$ 2,000 al cierre del 2023 a rondar los US$ 5,000 en enero del 2026, según el London Bullion Market Association (LBMA).
Solo por enumerar algunas de las consecuencias de la implementación del REINFO: de las más de 84,000 personas que se inscribieron en este, solo 2,016 lograron culminar el proceso de formalización, según una nota de prensa publicada por la Presidencia del Consejo de Ministros el 12 de julio del 2025. Además, en la práctica se ha denunciado el “alquiler” de REINFO, a pesar de que la norma regula expresamente como causal de exclusión de este: “Cuando el titular de la inscripción del REINFO declare como producción propia aquella producida por un tercero proveniente de una labor ajena”. A ello debemos sumarle la poca supervisión por parte del Estado para hacer cumplir las disposiciones normativas relativas al proceso de formalización de las personas inscritas.
En vista de los pobres resultados obtenidos, cabe plantearse la interrogante de si el Estado ha sido eficiente -si no incompetente y corrupto- en viabilizar la medida, y si realmente existió una voluntad de formalización por parte de las personas que se inscribieron en el REINFO o si solo lo hicieron con una finalidad oportunista e inescrupulosa (¿por qué tanta promoción e insistencia con el REINFO desde el Congreso y el Poder Ejecutivo?).
Vale cuestionarse si formalizar la actividad de pequeña minería y minería artesanal resulta difícil debido a que, por ejemplo, no es factible que el minero llegue a un acuerdo con el titular de una concesión minera (v. g., suscriba un contrato de explotación) o con el propietario del predio donde se ejecutan las actividades mineras.
Lo cierto es que, a estas alturas, lo que hemos podido observar son más adversidades que aciertos vinculados a esta medida. El REINFO ha generado un clima de violencia e inseguridad en diversas zonas del Perú. Un caso emblemático es la provincia de Pataz, en la región de La Libertad, que registra la mayor tasa de homicidios del país, con un incremento del 32% respecto del 2021, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Este fenómeno tiene además un efecto dominó en la provincia de Trujillo, donde las autoridades brillan por su ausencia y los policías comparten junto a criminales en piscinas. Ahora, utópicamente, queda aguardar -si no presionar- a que el Estado realmente tenga la voluntad política de viabilizar la formalización de los pequeños mineros y artesanales, combatiendo a la par el uso indebido del REINFO y la minería ilegal (cada vez más presente en el entorno de proyectos mineros importantes para el desarrollo del país). Ello implica destinar presupuesto a las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental para que puedan realizar interdicciones e investigar la comisión de los delitos de minería ilegal y vinculados. Desde la ciudadanía, corresponde también exigir cuentas a las autoridades (Minem, gobiernos regionales, Ministerio Público, Ministerio del Interior) sobre las acciones que se están adoptando para hacer frente a tan grave problema.
Además, será de gran importancia la aprobación de una Ley MAPE que, de ser posible, disponga que sean el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) -y no los gobiernos regionales- quienes obligatoriamente supervisen las actividades de pequeña minería y minería artesanal, y que no se regulen disposiciones que supongan una continuación del REINFO bajo otras denominaciones.
Paradójicamente, lo que fue concebido como una medida bienintencionada para formalizar la minería a pequeña escala parece haber generado incentivos contrarios. La experiencia nos demuestra que, en el Perú, la informalidad podría resultar más conveniente: quienes optan por ella reciben prórrogas y trato flexible, mientras que quienes asumen los costos regulatorios de la formalidad soportan con mayor rigor el peso del aparato fiscalizador y sancionador del Estado.
La Minería Ilegal de Oro se Extiende a Nuevas Zonas de la Amazonía Peruana, Amenazando Ríos y Vidas
La minería ilegal de oro se está extendiendo a nuevas zonas de la Amazonía peruana, avanzando a lo largo de ríos remotos y hacia territorios indígenas, mientras los expertos advierten sobre una creciente crisis ambiental y de salud pública que podría causar daños irreparables.
Este auge marca una nueva fase para una de las industrias más destructivas del Amazonas, ya que las operaciones se extienden más allá de los focos de actividad ya establecidos hacia regiones previamente vírgenes, según informaron a The Associated Press ambientalistas, investigadores y líderes indígenas.
Esta expansión está acelerando la deforestación, contaminando los ríos con mercurio y exponiendo a las comunidades remotas a la violencia y al crimen organizado, incluso mientras el gobierno afirma que está intensificando la aplicación de la ley.
La minería ilegal afecta a “todas las regiones del Perú”.
Si bien antes se concentraba principalmente en la región amazónica de Madre de Dios, en el sur del país, ahora esta actividad se está desplazando hacia el norte, a regiones como Loreto y Ucayali.
El alto comisionado peruano para la lucha contra la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, lo reconoció durante una entrevista televisiva a principios de febrero.
“Lamentablemente, tenemos minería ilegal en todas las regiones del Perú”, dijo en el canal de noticias TVPERÚ.
Los mineros ilegales arrasan los bosques con excavadoras, abren pozos en las llanuras aluviales y utilizan dragas flotantes que extraen los sedimentos de los ríos en busca de oro. El proceso deja tras de sí charcos de agua estancada contaminada con mercurio y riberas erosionadas, mientras que los campamentos y los caminos de acceso se extienden cada vez más hacia zonas forestales antes vírgenes.
El abogado ambientalista peruano César Ipenza afirmó que la expansión se ha acelerado en los últimos años debido al alza de los precios del oro. El oro se ha cotizado a unos 2000 dólares la onza en lo que va de 2026, cerca de máximos históricos y aproximadamente el doble de su precio hace una década.
“La minería ilegal ha aumentado considerablemente”, dijo Ipenza, señalando la nueva actividad en Huánuco, Pasco, Loreto y a lo largo de la frontera con Ecuador, ya que los precios más altos del oro hacen que sea económicamente viable operar en regiones más remotas.
Julia Urrunaga, directora del programa en Perú de la organización sin fines de lucro Agencia de Investigación Ambiental, dijo que los informes de campo muestran que la minería ilegal está apareciendo en nuevas áreas este año, particularmente a lo largo de los sistemas fluviales.
Los ríos se enturbian y los bosques caen
Sobre el terreno, los conservacionistas afirman que los cambios en el medio ambiente se notan poco después de que se establezca la minería ilegal.
“Sucede muy rápido”, dijo Luis Fernández, profesor investigador y miembro sénior del Centro Sabin para el Medio Ambiente y la Sostenibilidad de la Universidad Wake Forest. “Se observan cambios en cuestión de semanas o meses una vez que llega la maquinaria… columnas de sedimentos en los ríos casi de inmediato”.
En la Estación Biológica Panguana, en la Amazonía central peruana, un área de conservación privada que protege uno de los bosques con mayor biodiversidad de la región, los impactos ya son visibles en 2026. La estación se ha convertido en un punto clave en el auge de la minería ilegal, según declaró a la AP su administrador, Fernando Malatesta.
“Donde antes había bosques intactos… ahora los ríos están turbios”, dijo. “Antes se veía agua cristalina, pero ya no”.
La maquinaria pesada y la construcción de carreteras han invadido bosques que antes estaban intactos. “Era un lugar irreconocible”, dijo Malatesta refiriéndose a una zona cercana que vio deforestada por decenas de máquinas en los últimos meses.
Los mineros ilegales suelen llegar por río con equipos de dragado o por carretera con excavadoras, despejando rápidamente la tierra y alterando los cursos de agua.
Amenazas, violencia y retirada del bosque.
Fuerzas especiales de la policía se encuentran junto a maquinaria minera ilegal en la provincia peruana de Tambopata, el 1 de abril de 2019. (Foto AP/Rodrigo Abd, archivo)
En Panguana, Malatesta y su equipo se vieron obligados a abandonar la estación después de que las amenazas se intensificaran en 2025 y principios de 2026.
“Empezaron a amenazarnos… había gente con machetes”, dijo, recordando los enfrentamientos con mineros y residentes.
Los investigadores afirman que este tipo de violencia está relacionada con la creciente participación de redes de delincuencia organizada.
“Los grupos criminales transnacionales están adquiriendo mayor importancia cada día”, afirmó Ipenza, el abogado ambientalista.
Urrunaga afirmó que la minería ilegal de oro se ha convertido en una fuente clave de ingresos para las redes criminales.
“Lamentablemente, está muy relacionado. Es una fuente de ingresos para muchas de las actividades del crimen organizado que se desarrollan en el país”, dijo, y agregó que esta actividad también está “profundamente vinculada a las fuerzas políticas que actualmente están en el país”.
La lucha contra la minería ilegal
A finales de 2023, el gobierno peruano creó una comisión multisectorial de alto nivel para combatir la minería ilegal y supervisar los esfuerzos para formalizar la actividad de los mineros a pequeña escala.
Las autoridades afirman que las labores de control continúan. Las operaciones recientes han resultado en la incautación y destrucción de equipos valorados en más de 60 millones de soles (16 millones de dólares) utilizados en actividades mineras ilegales.
Pero los defensores del medio ambiente afirman que la aplicación de la ley sigue siendo débil sobre el terreno.
El gobierno peruano no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Rodolfo García Esquerre, alto comisionado del Perú para la lucha contra la minería ilegal, nombrado en 2024, declinó hacer declaraciones.
Las comunidades indígenas se encuentran en medio de la situación.
Los líderes indígenas afirman que la expansión está afectando a comunidades de toda la Amazonía.
“Esto ya se escucha en otras partes de la Amazonía. Se está extendiendo por Loreto y Ucayali”, dijo Julio Cusurichi, un líder indígena de Madre de Dios. Describió cómo los mineros foráneos llegan rápidamente, talando bosques y contaminando ríos.
“Hay miedo”, dijo Cusurichi, y agregó que más de 30 líderes indígenas han sido asesinados en los últimos años por defender sus tierras.
En Panguana, Malatesta afirmó que las comunidades indígenas de algunas zonas han comenzado a participar en la minería debido a la necesidad económica, mientras que en otras intentan resistirse.
“Están apoyando la minería ilegal… están vendiendo sus tierras pensando que están haciendo el negocio del año”, dijo, advirtiendo que el dinero de la minería “no dura para siempre”.
Envenenamiento por mercurio y una inminente crisis sanitaria
Urrunaga afirmó que los daños ambientales están estrechamente ligados a graves riesgos para la salud de las comunidades.
“La devastación generada por la minería de oro es terrible en términos medioambientales y, a través del medio ambiente, también para la salud humana”, dijo, señalando cómo el mercurio, utilizado para extraer el oro, contamina los ríos, así como los alimentos y el agua que consumen las comunidades indígenas, donde el pescado es un alimento básico.
“El mercurio se convierte en el vehículo de transporte del veneno”, dijo Fernández, explicando cómo se acumula a través de las cadenas alimentarias y afecta al desarrollo neurológico de los niños.
Claudia Vega, científica y coordinadora del programa de mercurio del Centro Amazónico para la Innovación Científica (CINCIA), afirmó que la expansión de la minería en comunidades amazónicas que dependen en gran medida de la pesca podría tener graves consecuencias.
“Las comunidades amazónicas ya son vulnerables… comen pescado todos los días”, dijo. “Si se instala la minería en ese tipo de lugar… se añade más riesgo”.
Advirtió que la contaminación podría alcanzar niveles similares a los del desastre de Minamata en Japón, donde el envenenamiento por mercurio causó daños neurológicos generalizados.
“Podemos sufrir deformidades, pérdida de visión, pérdida de audición”, dijo.
¿Un punto de inflexión para el Amazonas?
Los científicos advierten que la expansión de la minería podría tener consecuencias irreversibles.
“Vamos a presenciar una transformación de los corredores fluviales, las llanuras aluviales y los bosques”, dijo Fernández.
Urrunaga afirmó que los compradores internacionales de oro “deben rendir cuentas por la destrucción que su consumo genera en términos medioambientales, pero sobre todo en términos de vidas humanas”.
A medida que suben los precios del oro y la demanda continúa en todo el mundo, los científicos advierten que la expansión continuada podría empujar a algunas partes del Amazonas más cerca de un punto de inflexión ecológico, con grandes áreas de selva tropical transformándose en ecosistemas degradados similares a la sabana.
“Cada árbol que cae, cada río que se contamina y cada animal que desaparece nos recuerdan que estamos perdiendo un tesoro irremplazable”, dijo Malatesta.
Nuevo Aeropuerto en el Valle Sagrado de Perú Genera Preocupación Internacional
El proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto en Chinchero, ubicado en el Valle Sagrado de Perú, ha generado creciente preocupación a nivel internacional debido a sus posibles impactos ambientales, culturales y sociales.
La iniciativa, impulsada por el gobierno peruano, busca mejorar el acceso a uno de los principales destinos turísticos del país, cercano a Machu Picchu, y fortalecer la llegada de visitantes internacionales. Según las autoridades, la nueva infraestructura permitiría dinamizar la economía local y potenciar el desarrollo del sector turístico.
Sin embargo, expertos en patrimonio, organizaciones ambientales y comunidades locales han expresado serias objeciones al proyecto. Entre las principales preocupaciones se encuentran los posibles daños a ecosistemas frágiles, la alteración del paisaje natural y el impacto sobre los recursos hídricos de la zona.
Asimismo, especialistas advierten que la construcción del aeropuerto podría afectar sitios arqueológicos de alto valor histórico, además de comprometer la autenticidad cultural del Valle Sagrado, una región reconocida por su herencia inca y sus prácticas tradicionales aún vigentes.
El proyecto también ha encendido alarmas sobre el riesgo de sobrecarga turística en áreas sensibles, lo que podría generar una presión adicional sobre Machu Picchu y sus alrededores.
En el plano social, algunos sectores han manifestado preocupación por posibles desplazamientos de comunidades locales y cambios en sus modos de vida, derivados del aumento de la actividad turística y la transformación del entorno.
El debate en torno al aeropuerto de Chinchero refleja un desafío mayor para el país: encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de su patrimonio cultural y natural.
Mientras el proyecto avanza, la discusión continúa tanto a nivel nacional como internacional, evidenciando la complejidad de impulsar infraestructura en zonas de alto valor histórico y ambiental.
Hay Dos Superpotencias Globales Peleando por Hacerse un Hueco en la Costa de Perú: Estados Unidos y China
Más del 80% del comercio mundial se mueve por mar y cerca del 60% de ese tráfico pasa por el océano Pacífico, convertido en la gran autopista económica del planeta. En ese escenario, no parece casualidad que los puertos más modernos ya no solo se diseñen para mover contenedores, sino para influir en rutas globales enteras.
Un movimiento silencioso. Estados Unidos ha dado en las últimas semanas un paso estratégico clave en América Latina al aprobar una inversión de hasta 1.500 millones de dólares para rediseñar y trasladar la base naval de Callao, el principal enclave marítimo de Perú.
La operación no se limita a mejorar infraestructuras, sino que busca crear un entorno más seguro y eficiente separando las operaciones militares del tráfico civil, al tiempo que permite ampliar el puerto comercial. El proyecto, ejecutado bajo el marco de cooperación militar y con presencia técnica estadounidense durante años, consolida a Perú como un socio relevante en la arquitectura de seguridad regional.
La sombra del puerto chino. El elemento que da verdadero contexto a esta decisión es la creciente presencia de China en la zona, especialmente con el desarrollo del megapuerto de Chancay, operado por la estatal COSCO y convertido en pieza clave de la Ruta de la Seda.
Situado a menos de 80 kilómetros de Callao, este puerto no solo refuerza los vínculos comerciales entre Sudamérica y Asia, sino que también despierta preocupación en Washington por su posible uso dual, civil y estratégico. La proximidad entre ambas infraestructuras convierte la costa peruana en un punto de fricción silencioso entre las dos potencias.
Infraestructura como herramienta política. Más allá de su carácter técnico, el proyecto revela cómo la competencia global se está trasladando a la infraestructura portuaria y logística. Estados Unidos no está desplegando fuerzas ni armamento directamente, sino reforzando su presencia a través de inversiones, ingeniería y cooperación, asegurando acceso, influencia y capacidad operativa futura en una región clave del Pacífico.
Si se quiere también, la estrategia permite consolidar posiciones sin alterar formalmente el equilibrio militar, pero sí condicionando el entorno estratégico a largo plazo.
Perú como pieza clave. Para Perú, la iniciativa encaja dentro de un proceso más amplio de modernización militar e industrial que incluye submarinos, cazas y sistemas terrestres, con participación de múltiples socios internacionales.
La renovación de Callao no solo mejora su capacidad naval, sino que impulsa un ecosistema tecnológico e industrial propio, reforzando su soberanía marítima y su papel como actor relevante en la región. Este posicionamiento convierte al país en un punto de conexión entre intereses globales y dinámicas locales.
La nueva competencia. El caso de Callao ilustra un cambio más profundo en la rivalidad entre grandes potencias: ya no se trata únicamente de bases militares tradicionales, sino de controlar nodos logísticos, rutas comerciales y puntos estratégicos en la cadena global.
Visto así, Estados Unidos y China no están chocando directamente, pero sí compitiendo por influencia a través de inversiones que, bajo apariencia económica, tienen implicaciones militares potenciales. Porque en ese contexto, América Latina deja de ser un escenario secundario para convertirse en una pieza más del tablero global.
